Un nuevo ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania, el posible sabotaje a un cable de comunicaciones en el Báltico, las implicaciones potenciales derivadas del resultado de las elecciones en EE.UU., marcarán un nuevo orden, un cambio de paradigma en la seguridad global que hace que sea aún más necesario que nos replanteemos nuestra seguridad colectiva.
En España, según los datos de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) del Ministerio del Interior, los ciberataques que comprometen la disponibilidad de los servicios, tipo DDos (denegación de servicio distribuido) o DoS (denegación de servicio) están predominando entre las infraestructuras críticas, alcanzando este año el 55% de todas las tipologías.
Debemos aplicar las nuevas normas impulsadas por la UE que protegerán con mayor eficacia las infraestructuras esenciales de la Unión, introduciendo unas condiciones mínimas para la evaluación del riesgo y unas estrategias nacionales de resiliencia, al tiempo que armonizarán la definición de «infraestructura crítica» en todos los Estados miembros sobre la base de las amenazas complejas e incrementar los recursos de análisis y liberarlos de viejas patologías, así como desarrollar un nuevo esquema de gestión integral del riesgo y las seguridades.
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